18/10/2012 | 763 lecturas

Anuladas dos órdenes forales de recortes a ayudas a la dependencia



El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado dos órdenes forales que recortaban diversas prestaciones y ayuda a la dependencia, con lo que el Gobierno foral deberá abonar con efectos retroactivos las cantidades retiradas a sus titulares.

 

La anulación ha sido decidida por la Sala de lo Contencioso Administrativos del TSJN al estimar los recursos interpuestos por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN), cuyo presidente, Javier Miranda, ha valorado en rueda de prensa la decisión judicial ante unas disposiciones "injustas".

 

"El resultado avala una decisión que fue responsable en todo momento pero arriesgada", ha precisado Miranda, quien ha explicado que las órdenes forales anuladas, además de la reducción de la cuantía percibida, establecían un sistema de incompatibilidades en el cobro de prestaciones.

 

Como ejemplo ha señalado que, de acuerdo con dicha normativa, quien recibía ayuda económica para acudir unas horas a un centro del día no podía ser beneficiario de una prestación por permanencia en su domicilio.

 

El CORMIN, que constituido por once asociaciones y dos federaciones representa a las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y sus familias, recurrió esta normativa por considerarla "injusta", al establecer como incompatibles prestaciones "plenamente complementarias" y "restringir" derechos.

 

Las sentencias estiman "íntegramente" estos recursos, entre otros argumentos, por haberse omitido en dichas órdenes forales el trámite de audiencia a los afectados y no haberse justificado las "razones graves de interés públicos" que podían haber evitado este trámite.

 

La plataforma de la discapacidad ha acogido "muy positivamente" los fallos ya que, según Miranda, "ponen en evidencia" decisiones políticas que "no tienen en cuenta a quienes vamos a sufrir en carne propia sus consecuencias".

 

Para solventar esta situación, han hecho un llamamiento a los poderes públicos para "caminar juntos" y "abordar una eficaz política en materia de discapacidad", abandonando la vía de los recortes económicos y de derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.


 

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